El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una ayuda de 400 euros para alumnos con discapacidad. Para crear esta ayuda a estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad, el Gobierno destinará 200 millones de euros para que las familias puedan afrontar la subida de precios para ayudar a 250.000 alumnos, que contribuirán a contar con un sistema educativo más inclusivo.
El Gobierno justifica este subsidio universal por el hecho de que las familias con hijos que atienden estas necesidades asumen unos costes adicionales muy significativos para hacer frente a los requerimientos vitales de sus hijos lo que, unido a las circunstancias económicas actuales, se necesita un soporte extraordinario. Este subsidio se sumará a las cuantías que ya figuran en la convocatoria, resultando un incremento adicional de las ayudas.
Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo recibirán el próximo curso 400 euros de subsidio universal para gastos adicionales de carácter general, a los que se sumarán los siguientes:
Hasta 862 euros de ayuda de enseñanza; hasta 617 euros de ayuda de transporte escolar; hasta 574 euros de ayuda de comedor escolar; hasta 1.795 euros de ayuda de residencia escolar; hasta 442 euros de ayuda para transporte fin de semana; hasta 308 euros de ayuda para transporte urbano; hasta 204 euros de ayuda para material escolar; hasta 913 euros de ayuda para reeducación pedagógica; hasta 913 euros de ayuda para reeducación del lenguaje.
El objetivo de estas ayudas no es otro que garantizar la igualdad en el acceso a la educación y evitar cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de este derecho fundamental. La norma prevé el principio de proporcionalidad, al no contener restricciones de derechos ni imponer obligaciones a sus destinatarios.
Así se establece en el real decreto por el que se fijan las cuantías de becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, según avanzó la agencia Europa Press antes de su aprobación el pasado 21 de febrero.
En un momento como el que vivimos, en el que se están batiendo todos los registros de escasez de nacimientos (desde hace 81 años) por las dificultades de empleo que encuentran los jóvenes, por el costo del alquiler, la escasez de sueldos, la subida del índice de la vida…, si de por sí es difícil arrostrar la educación de los niños normales, más aún la de aquellos con dificultades añadidas, como las personas con discapacidad, que suponen una carga imposible de sobrellevar para sus familias.
Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos (aún subsiste el vocablo) físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán a todos los ciudadanos. (artículo 49, capítulo tercero, De los derechos y deberes fundamentales; Título I, De los derechos y deberes fundamentales).
